La PROCELAC presentó la denuncia este mediodía en el fuero penal económico tras un informe de la UIF. La empresa postal está en el centro de la tormenta con el empresario Patricio Farcuh. Pablo Moyano y el sindicato de Camioneros también están involucrados.
En pleno conflicto entre el Gobierno y los gremios, el sindicalista más poderoso de la Argentina acaba de recibir la acusación más fuerte de toda su historia.
Este mediodía, la PROCELAC, el ala del Ministerio Público encargada de investigar delitos de lavados de dinero bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentó una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico. Los delitos: una evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el año 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.
La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. La presentación de PROCELAC proviene de un informe de inteligencia elaborado por la UIF, dirigida por Mariano Federici.
La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada: la acusación se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.
El monto del lavado todavía es algo que los organismos deberán determinar. «No es tan evidente, no es como Balcedo», asegura una voz de peso alrededor de la denuncia presentada. Infobae accedió a sus contenidos. La AFIP estima solo por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos.
El Grupo Rhuo, responsable de comprar el paquete accionario de OCA en 2013 por 60 millones de dólares, es el virtual centro de la acusación. Bajo su control, OCA comenzó a desarrollar fuertes deudas fiscales, reteniendo, según la imputación de PROCELAC, aportes a personal, «tercerizando» tareas con una cooperativa. Se lo acusa de retener otros impuestos como IVA y Ganancias, lo que llevó a la AFIP a iniciar diversas causas. La absoluta mayoría de la cifra de evasión se centra en el Grupo Rhuo.
Por lo pronto, la PROCELAC sugirió un pedido de información masivo, basándose en el informe de la Unidad de Información financiera con el levantamiento del secreto bancario y fiscal como primer movimiento.
El organismo sugirió requerir datos sobre las personas y firmas acusadas al Banco Central, al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, al Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal así como el bonaerense. También, una amplia lista de documentación a la AFIP, con declaraciones juradas y participaciones societarias y recabar diez causas penales y comerciales que registran las firmas denunciadas, con otros requerimientos para el Registro Nacional de Reincidencia y la Inspección General de Justicia.
Dos bancos, el Santander Río y el BBVA Francés, se encuentran en la lista de pedidos para aportar datos de montos acreditados y debitados desde enero de 2010 hasta hoy sobre Farcuh y el Grupo Damasco.
Fuente: Infobae.com/Por Federico Fahsbender.
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