Luego de medidas judiciales que «indignaron» al presidente Mauricio Macri , la Casa Rosada prepara su ofensiva. El plan prevé investigar los patrimonios de jueces sospechados, la digitalización de expedientes para garantizar mayor transparencia y acelerar procesos, y la depuración del fuero federal penal de Comodoro Py mediante el pedido de juicio político a jueces de mal desempeño.
El plan se activará después de la Semana Santa. En tres semanas, el Consejo de la Magistratura, que preside Miguel Piedecasas, difundirá el resultado de una auditoría de dos años de las causas que tramitan todos los jueces federales.
Según pudo saber la nacion de fuentes oficiales, tanto legisladores de Cambiemos, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y distintas ONG examinarán los casos y presentarán denuncias y pedidos de juicio contra jueces permisivos.
Los jueces más observados serían Daniel Rafecas , Ariel Lijo , Rodolfo Canicoba Corral , Luis Rodríguez y Sebastián Casanello . También los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Ana María Figueroa. También se pedirán informes y se buscará reformar y mejorar los procedimientos.
«Vamos a insistir con depurar la Justicia», señaló a la nacion un ministro de consulta de Macri.
En algunos sectores del oficialismo se analiza la idea de duplicar los juzgados federales para agilizar procesos y para licuar el poder de los actuales magistrados. Son 12 y algunos hablan de llevarlos a 24. Pero en la Casa Rosada todavía eso no fue resuelto.
Por ahora, la Casa Rosada solo logró las renuncias del exjuez federal Norberto Oyarbide, de la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó y del camarista de Mar del Plata Jorge Ferro, además de la destitución del excamarista Eduardo Freiler. La primera movida oficial para depurar Comodoro Py fue proponer a Ines Weinberg de Roca como procuradora. La jueza del Tribunal Superior de la Ciudad es ajena al mundo de los jueces federales.
Macri analiza los próximos pasos con su ministro de Justicia, Germán Garavano, con su secretario Legal y Técnico, Pablo Cluselllas, con su jefe de asesores, Jose Torello, con el abogado Fabián Rodríguez Simón, y con el diputado Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura.
Tonelli instrumenta un plan para controlar en tiempo real el patrimonio de los jueces. El sistema de declaraciones juradas de los jueces, regido por la ley de ética pública, se modificaría con una simple resolución del Consejo.
Se habilitarían las declaraciones juradas online al público, sin necesidad de pedirlas y se obligaría al Consejo a hacer un seguimiento de datos en tiempo real, con revisiones y pedidos de informes a los jueces que deberían aclarar cualquier interrogante.
Se unificarán los formularios, más precisos y exigentes. Tonelli analiza el proyecto con el Banco Mundial, que aportaría financiamiento, y con las Naciones Unidas. Mañana estará en el Consejo una enviada del Banco Mundial.
El otro paso será la digitalización de los expedientes para transparentar y abreviar los plazos del proceso. El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, se puso al frente del plan y el 1° de mayo digitalizará 500 mil expedientes de ejecuciones fiscales y antes de fin de año tendrá todo el fuero Contencioso Administrativo completo. En octubre se comenzará a digitalizar el fuero federal penal en Salta y el resto del país se completaría en 2020. Esto permitirá auditar online todos los expedientes.
Fuente: La Nación
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