“Estamos en Corrientes para contar, como testigos, el proceso de transformación de la justicia Penal de nuestra provincia; no porque pensamos que eso se puede trasladar a Corrientes, sino porque es una experiencia de la cual se puede tomar algunos elementos, ver cómo se solucionaron algunos problemas… el de hoy es un trabajo de enriquecimiento mutuo”, señaló el ex Ministro de Justicia Carlos Superti quien abrió las disertaciones en la Jornada organizada por la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y DDHH sobre “implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal” que se llevó a cabo en el Hotel de Turismo este jueves.
Los temas desarrollados fueron: las leyes complementarias para lograr la operatividad del Código Procesal Penal; la experiencia sobre la implementación progresiva o inmediata; la necesaria capacitación de los operadores del Sistema y la organización de la mesa de implementación.
Además del ex ministro Carlos Superti, disertaron el fiscal del Ministerio de la Acusación de Santa Fé Dr. Luis Antonio Schiappa Pietra, y la Auditora General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación Dra. María Cecilia Vranicich.
“Una nueva justicia”
El ex ministro de Justicia de Santa Fé, Carlos Superti, sostuvo que el objetivo de su visita era contar “como testigos”, el proceso de transformación de la justicia Penal de la provincia de Santa Fé.
“Me acompañan un grupo de personas que han trabajado en el proceso de reforma para explicar, ahora cada uno, la parte que le tocó hacer. No porque pensamos que eso se puede trasladar a Corrientes, sino porque es una experiencia de la cual, desde Corrientes -o desde cualquier lado-, se puede tomar unos elementos, ver algunos problemas cómo se solucionaron, estar de acuerdo o no; es decir, es un trabajo de enriquecimiento mutuo”, aclaró el ex funcionario, a quien le tocó implementar los “cambios” en cuestión.
Para Superti “una cosa es dictar un código, y otra cosa es cambiar la operatividad del sistema judicial. Entre el Código y el cambio está la implementación, y eso es un poco lo que yo conté”, explicó a la prensa, tras su disertación.
“Contamos cómo implementamos el nuevo código, reformando la organización de la justicia en cuanto al magistrado, generando un nuevo sistema del Ministerio Publico de fiscales que acusan, generando un nuevo sistema de Defensa Publica. Es decir, hubo que cambiar muchas instituciones, adaptarlas para que el nuevo Código pueda funcionar”, subrayó.
También relató que la implementación fue gradual, y llevó 6 años.
Por otra parte, remarcó que los ajustes siempre serán necesarios, acotando que
“lo que se mantiene es la estructura ideológica. Es un sistema que técnicamente es acusatorio y adversarial. Eso significa que los jueces no intervienen en la producción de la prueba directamente. Para eso está el fiscal, que es el funcionario encargado de la persecución penal, y la defensa y la fiscalía son dos organismos que son adversarios, por eso es adversarial”, citó para el caso santafecino.
Con respecto a la tan mentada agilidad de los casos, sostuvo: “yo veo en el sistema actual santafecino, es que las sentencias y los procesos han adquirido y han ganado en calidad”.
“El hecho –continuó- de que el magistrado vea en vivo y en directo la producción de la prueba, de que las partes presenten sus teorías de los casos, de que las partes le transmitan información al Tribunal de calidad y que el Tribunal pueda recibirla de manera inmediata, hace a mi criterio, que las sentencias que se van dictando son de mayor calidad y por supuesto, se ahorra tiempo”.
Para concluir, manifestó: “para ver tiempo no solamente hay que pensar en el juicio oral, sino también en las salidas alternativas, es decir, todos aquellos caminos que se puedan seguir evitando recargar el sistema con juicios que se pueden evitar de una manera muy eficaz, como por ejemplo, un acuerdo entre víctima y victimario, depende del delito. Por un común denominador, lo que la gente siempre tiene que tener es respuesta: ya sea una sentencia, un juicio, una mediación. Lo importante es que no haya una “no respuesta” por parte del Estado frente a los delitos”.
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